(01-06-2009)

En los municipios de la costa española se ha construido un número elevado de viviendas y chalés afectando al Medio Ambiente. A pesar de que existe la Ley de Costas desde el año 1988 y los tribunales han declarado ilegales muchas de esas construcciones, se tardan años en ejecutar las sentencias de derribo.

Cuando Paco Laín compró un apartamento en la urbanización de El Encinar, ubicada en la playa de La Arena en el municipio de Arnuero, no se imaginaba el problema que se le venía encima. “Me compré la vivienda con toda la ilusión del mundo, ahí metimos nuestros ahorros para pagar la hipoteca. Somos una familia normal en la que trabajábamos mi mujer y yo”. Dicen que les suponía un esfuerzo económico y sobretodo un esfuerzo de ilusión volcada, pero “todo se le fue al traste”. Para esta familia, es su segunda vivienda y la compraron con dos objetivos: aprovechar con sus dos hijas el apartamento porque era un sitio formidable para vivir y tener la intención de vivir allí que cuando se jubilaran.
Ellos compraron su vivienda hace 18 años y escrituraron el apartamento en abril de 1994, tres meses antes de dictarse una sentencia diciendo que la licencia que permitió la construcción de los apartamentos era ilegal. El grupo ecologista ARCA aseguró que se habían cometido irregularidades de tipo administrativo, es decir, la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria había decretado una zona rústica como suelo urbano.
El problema es que hubo vecinos que se enteraron de la sentencia antes de escriturar su apartamento. Pidieron el asesoramiento de un abogado que les aconsejó escriturar sus viviendas para intentar mantener los derechos sobre el bien.
Después de haber derribado el pasado 29 de abril dos bloques de la urbanización que estaban sin terminar de construir y sin habitar, todavía existe una sentencia de demolición sobre los 102 pisos restantes que tiene la urbanización. Lo curioso, según Laín, es que CENAVI, la misma constructora que edificó la urbanización ha sido la encargada de derribarla porque se encuentra casi en suspensión de pagos y así cobrarían las indemnizaciones que les corresponden como propietarios de los edificios. Este vecino desconoce si se derribaran las viviendas pero están luchando para que no se tiren las viviendas hasta que haya una solución. “Imagínate que dejamos que se derriben y luego tengamos que reclamar. Pueden pasar 20 ó 30 años hasta que alguien mueva un dedo por nosotros”, sentencia.
Además, Laín es el autor de los cuadros que estaban colgados en los bloques ya derribados. Lo que llamaban el “Museo del Horror” y simbolizaba el sufrimiento de todas las familias de la urbanización. Su objetivo era denunciar públicamente la injusticia y horrible situación que viven como consecuencia del maltrato de las Administraciones.
“Estuve afectado por depresión 3 años y en los cuadros volqué mi frustración y desahogo. Ahora él consuela a sus vecinos porque están todos con el ánimo por los suelos. “Algunos están dispuestos a subir al tejado y encadenarse hasta que les saquen con los pies por delante”, sentencia.
Después de todo sufrimiento, Laín todavía es capaz de ver la parte positiva de la grave situación como es la convivencia y la unidad de los vecinos. “Todos los vecinos compramos las viviendas con ilusión y vamos a seguir luchando”.

4.000 afectados
Juan Luis Urrutia, secretario de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), cuenta que en el año 2000 decidió comprar un chalé para disfrutar del tiempo libre con sus hijos y nietos. Asegura que antes de comprar su casa en la urbanización Pueblo del Mar 1 de Argoños, acudió al Ayuntamiento a informarse de si había alguna carga pero le contestaron que no se preocupara ya que la urbanización estaba en terreno urbano aunque que sí había problemas en viviendas de la zona. “Si el Ayuntamiento y el Registro de la Propiedad nos dicen que no hay problema, pues la compramos porque el precio no era abusivo. Nos costó 18 millones de pesetas y estaba dentro de nuestros ingresos”, afirma Urrutia.
Su mujer, Teresa Panizo, comenta que el Ayuntamiento les dijo que había un problema de deslinde pero que se iba a solucionar ya que el constructor edificó 14 casas en un terreno que pertenecía a Arnuero y Noja. Pasado el año, se enteraron por la prensa que había una sentencia de derribo y que ARCA había denunciado al Ayuntamiento por una vulneración de las normas subsidiarias.
“Crees que el Ayuntamiento está para defender nuestros derechos pero no es así. Desde que compramos la casa y nos hemos jubilado, estamos viviendo un martirio”, asegura Panizo.
Urrutia se queja del dinero que han pagado los vecinos a los abogados. “En esta urbanización nos hemos gastado 120.000 euros, es decir, más de lo que cuesta aquí un chalé”.
En toda Cantabria, existen 23 sentencias de derribo de las cuales 16 son en Argoños. Por eso, los afectados crearon una asociación que defendiera sus derechos.
Según el secretario de AMA, en Cantabria hay 1.114 viviendas con sentencias firmes de derribo que afectan a unas 4.000 personas.
Además, el coste total que supondría pagar los derribos de las viviendas y las indemnizaciones a los afectados asciende a 243 millones de euros.
La asociación ha solicitado al Gobierno de Cantabria tres vías para regularizar la situación de las viviendas. La primera es la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana para que así se solucionen el 80% de las urbanizaciones de la comunidad. La segunda vía son los aprovechamientos urbanísticos en la que el Ayuntamiento y el Gobierno al ser condenados, deben buscar suelo urbano para poder edificar otras viviendas para los afectados. Y la tercera es que se indemnice a los afectados en el momento del derribo de las urbanizaciones.

Viviendas ilegales
“Durante años las actuaciones ilegales en materia urbanística han sido una constante en Cantabria, sin que el poder público haya hecho nada para impedirlo”, señala José Ángel Herrera, vicepresidente de la Asociación para la defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Por lo tanto, hay numerosas viviendas construidas de manera ilegal afectando a varios municipios como Arnuero, Piélagos, Argoños, Miengo, etc.
Herrera afirma que la única explicación para el fenómeno de las construcciones ilegales es que “la corrupción campa sus anchas y que los mecanismos políticos para defender el ordenamiento jurídico no funcionan correctamente”.
Según la asociación, la mayor parte de los incumplimientos de la Ley de Costas son por el retraso con el que se hacen los deslindes del dominio público marítimo terrestre. “Las Administraciones han hecho la vista gorda durante 20 años y ahora hay viviendas construidas sobre las ‘servidumbre de protección’ e incluso dentro del dominio público, sobre playas o marismas”, señala.
El vicepresidente también habla sobre la Ley del Suelo que se gestó durante los años que José María Aznar estuvo en el poder. “El Gobierno fomentó la especulación urbanística y la arbitrariedad en la toma de decisiones municipales. Luego, las Comunidades Autónomas se sumaron al carro, así que la sucesión de incumplimientos ilegales ha sido enorme, destacando la calificación de suelos urbanos que no contaban con los requisitos para ello”.
Además, ARCA participó activamente en la Ley de Ordenación del Litoral (POL), que condiciona la capacidad de los Ayuntamientos a la hora de desarrollar sus proyectos urbanísticos.

Corrupción urbanística
Pilar Marcos, Responsable de Costas de Greenpeace, dice que España cuenta con 8.000 kilómetros de costa en donde se construyeron hace dos años 3 millones de viviendas y 137 dotaciones de puertos industriales y deportivos. El informe A Toda Costa 2008, ha señalado los 100 puntos más amenazados de la costa española por el urbanismo, las infraestructuras y la contaminación. En este sentido, las Comunidades Autónomas que más ha maltratado el litoral son Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. El segundo lugar, lo ocupan Cataluña, Baleares y Galicia. El tercer puesto, están Euskadi, Cantabria y Galicia.
La experta destaca que la Ley de Costas pretende liberar los 100 metros primeros de costa pero que desde que está vigente se ha tardado en decir lo que es dominio público. “El peor ejemplo de construcción ilegal es el hotel Algarrobico, ubicado a 14 metros de la costa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. Además, contaba con el beneplácito de la Junta de Andalucía”.
Según Marcos, España tiene los índices más elevados de la Unión Europea en materia de corrupción urbanística. “Durante 2008, hemos denunciado 67 casos de corrupción en los tribunales, con 527 implicados de los cuales 180 son cargos públicos, desde el alcalde hasta el concejal de Urbanismo”.
“El informe Auken -según la bióloga- denuncia la urbanización masiva en España y pretende llamar la atención y subir los colores por la mala gestión del territorio”. También, reclama a la Unión Europea que deje de financiar proyectos urbanísticos con dinero europeo que no cumplen con la normativa europea.
Asimismo, afirma que el Estado no apuesta por el desarrollo sostenible ni por limitar el crecimiento urbanístico. “En la Unión Europea se crean 6 ó 7 hogares por cada mil habitantes mientras que en España esta cifra puede ascender hasta los 30 hogares dependiendo de las comunidades autónomas. Ahora se construyen más viviendas de las que se necesitan”.
El cambio climático está afectando al litoral con la aparición de especias marinas procedentes del trópico y con la subida del nivel del mar que provocará un retroceso en la línea de costa, por ejemplo: en el Mediterráneo se estima una elevación de entre 20 y 50 centímetros en el año 2050.
Greenpeace propone unas medidas para frenar la destrucción de la costa. “Primero, aplicar la Ley de Costas y eliminar las construcciones ilegales. Segundo, finalizar la expansión ilimitada del urbanismo y proteger la primera franja de 500 metros de la urbanización. Tercero, poner en marcha la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa en colaboración con las Comunidades Autónomas”, sostiene Marcos.

Euskadi duplica el suelo
Euskadi cuenta con 247 kilómetros de costa y en la última década se ha experimentado el mayor aumento de superficies artificiales de la cornisa cantábrica, aumentándose un 14%. También, se ha producido una pérdida de la superficie costera y marina por el desarrollo de las superficies portuarias. “En los últimos 20 años se ha duplicado la ocupación del suelo pasando de 23.607 en el año 1987 a 47.295 en el año 2005”, afirma Marcos.
Según Greenpeace, hay varios puntos negros en Euskadi como son Barrika, Bakio, Urdaibai, etc. En Barrika, un municipio con menos de 1.400 habitantes, se ha realizado un proyecto de 1.511 viviendas nuevas, es decir, multiplica por cinco su población. Desde hace 20 años, se quiere construir en una zona protegida a menos de 500 metros de la costa.
En Bakio se aprobó la construcción de unas viviendas y de un campo de golf. “Este municipio es una réplica del Mediterráneo pero en el norte. Lo que les sale rentable a Bakio son las viviendas alrededor del campo del golf”, afirma Marcos.
En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se desarrolló una recalificación para construir casi 50 chalés en una zona de Ibarrangelu. Pero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló dicha recalificación. “Hay planes para construir el Guggenheim II que es una barbaridad”, afirma la experta.