Ruiz afirmó que esta iniciativa pretende que las personas en riesgo de exclusión social no se sientan «estigmatizadas» por tener que solicitar las ayudas. En este sentido, les animó a que «acudan a los supermercados para elegir los alimentos que más les convengan».

Según explicó Ana Telletxea, responsable de acción social de Cáritas, hay un «atasco de dos meses» en los servicios de la Diputación por el aumento registrado en el número de peticiones de ayuda. Telletxea insistió, a este respecto, en la necesidad de prestar atención a las familias que «tengan dificultades para hacer frente a los gastos» más elementales.

Los vales de alimentación son nominativos, tienen una caducidad de un año y se asignarán a las familias por una duración máxima de tres meses. Sólo podrán ser canjeados por productos de primera necesidad, con lo que se excluyen bebidas alcohólicas o energéticas, refrescos, golosinas, aperitivos, snacks y productos de cosmética.

La cantidad de bonos que corresponde a cada familia dependerá del número de miembros que la integren. Tendrán preferencia los núcleos con menores a su cargo y aquellos dificultades para acceder al sistema de protección social por no estar empadronados. Será Cáritas Bizkaia la que valore la situación de cada familia para determinar si cumple los requisitos y, en caso afirmativo, la asignar la cuantía de la ayuda.